El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado hoy, con el voto en contra del Grupo Popular, acogerse a nuevas condiciones financieras para la devolución de los préstamos que se solicitaron dentro del primer Plan de Pago a Proveedores en el año 2012. De las tres opciones que ofrece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consistorio ha optado por ampliar el plazo de amortización de diez a veinte años, ampliar también el plazo de carencia de dos a cuatro años y reducir el tipo de interés en 41 puntos básicos, pasando de un 5,9 a un 5,5 aproximadamente. Asimismo, se ha recoge como segunda opción ampliar el periodo de carencia de dos a tres años, mantener el plazo de amortización y rebajar el tipo de interés en 131 puntos básicos.
El concejal de Economía y Hacienda, Enrique Hernández, ha explicado que el Ayuntamiento tuvo que recurrir a este Plan de Pago a Proveedores para pagar los 25 millones de euros pendientes en junio de 2011.
Hernández ha defendido la decisión del Equipo de Gobierno de ampliar el plazo de amortización en diez años porque el principal problema del Consistorio es que tiene que devolver una gran cantidad de deuda en muy poco tiempo porque, además los 25 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores, se están pagando otros préstamos que pidió el PP en la pasada legislatura, como el del proyecto Cuenca Revitaliza o el préstamo para la construcción del edificio de los agentes sociales.
Y es que el Ayuntamiento ha destinado más de 10 millones de euros, el 20% de todo el presupuesto de 2013, a pagar deuda bancaria, lo que resta su capacidad para invertir y atender las necesidades de la ciudad. En cambio, Hernández ha explicado que ampliando el plazo de amortización para la devolución de algunos de estos préstamos, el Consistorio ganará capacidad de atender esas necesidades, ya que en 2014 habrá que destinar 1,5 millones de euros menos a financiar la deuda, mientras que en 2015 y 2016 serían alrededor de 3 millones de euros menos cada año.
En cuanto a los requisitos, que son subir el Impuesto de Construcciones del 3 al 4% y las Plusvalías, que graban a aquellos que obtienen beneficios de la venta de un inmueble, del 28 al 30%, ha señalado que “tendrán poca incidencia pues los ingresos adicionales que se esperan rondan los 100.000 euros”. En cambio, ha aseverado que “los que graban a las familias, como el IBI, la basura o el agua, no se tocan”.