El Ayuntamiento de Cuenca subvencionará el 90% del IBI a los propietarios de viviendas vacías que pongan sus inmuebles a disposición de las familias que han sido objeto de un desahucio o que tengan problemas para acceder a una vivienda, previa valoración de los Servicios Sociales municipales. Así lo ha adelantado el alcalde, Juan Ávila, esta mañana.
Ávila ha afirmado que el Ayuntamiento de Cuenca va a poner en marcha una serie de medidas para intentar, en la medida de sus posibilidades, paliar el “drama social que suponen los desahucios en nuestro país y, por supuesto, también en Cuenca”. En este sentido, ha precisado que, según los datos que ha podido recabar el Consistorio, entre 2008 y 2012 se produjeron en la provincia de Cuenca 250 desahucios. Por otra parte, en 2012, los Servicios Sociales municipales atendieron 15 casos de familias en riesgo de desahucio y otros 33 de personas con problemas graves para acceder o mantener la vivienda.
La subvención de una parte tan importante del IBI sería la principal medida de un plan para promover la vivienda social en Cuenca en el que el Ayuntamiento de Cuenca ya está trabajando, si bien para su puesta en marcha quiere contar con la colaboración de otras entidades como la asociación de agencias inmobiliarias conquenses.
No obstante, Ávila ha anunciado otras medidas de carácter inminente, como la creación de un Servicio de Información y Asesoramiento para las personas en riesgo de desahucio. Este servicio, que se prestará desde el Área de Intervención Social, estará atendido por un jurista y por los trabajadores sociales municipales. Según ha explicado el primer edil, el objetivo es “ayudar a las familias a pasar este proceso tan delicado y ofrecerles una atención integral para tratar de dar respuesta a cualquier necesidad que puedan tener, dentro del ámbito de la atención social: alimento, ayuda de emergencia, etc.”. Este servicio podría estar funcionando en un mes.
Por otra parte, la Junta Local de Gobierno aprobó el miércoles la adhesión del Ayuntamiento de Cuenca al convenio sucrito el 17 de enero de 2013 entre la FEMP, el Gobierno de España y varias entidades bancarias para la creación de un Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios.
El alcalde ha explicado que el objetivo de este convenio es promover la creación de un fondo de viviendas sociales, propiedad de las entidades financieras, que se pondrán a disposición de personas que hayan sido desalojadas por una ejecución hipotecaria a partir del 1 de enero de 2008 y que cumplan una serie de condiciones especificadas en el propio convenio. En Cuenca, las entidades bancarias disponen de siete de estas viviendas.
Según reza en el texto del convenio, el principal requisito es que estas personas deben haber sido desalojadas de su vivienda habitual y se encuentre en situación de vulnerabilidad social. La renta que pagarán estas familias oscilará entre los 150 y los 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos totales de la unidad familiar. Ávila ha aclarado que “se trata de una horquilla pensada para todo el territorio nacional porque no es lo mismo Madrid o Barcelona que Cuenca”. En cualquier caso, ha señalado que el Ayuntamiento “intercederá para que las rentas en Cuenca sean asumibles para estas familias”.
En cuanto al papel que asume el Ayuntamiento, se encargará de valorar la situación social de las familias que presenten su solicitud ante las entidades bancarias, además de informar de la existencia de este Fondo a los posibles interesados. Algo que se hará también desde el AIS.
Además, el Ayuntamiento de Cuenca adquiere un compromiso ético con los afectados por ejecuciones hipotecarias y no intervendrá con la Policía Local en desahucios, algo que, según ha reconocido el propio alcalde, “ya se venía haciendo”.
Por último, Ávila ha señalado que se pondrán en contacto con la Consejería de Fomento para conocer cuántas viviendas sociales propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hay en la ciudad de Cuenca y pedirle a la Administración regional que la ponga a disposición de las familias.
Ávila ha detallado todas estas medidas, aunque ha recordado que “no es lo primero que hacemos”, pues el Ayuntamiento de Cuenca ya llevó a cabo una modificación fiscal para incrementar al máximo permitido la plusvalías que pagan las entidades bancarias por vender una vivienda que obtuvieron de un desahucio previo.