El primer edil de Cuenca y presidente de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Mariscal, participaba en el día de ayer como miembro del Jurado encargado de valorar las candidaturas presentadas a los Premios Reina Letizia 2018, de Accesibilidad Universal de Municipios.
La finalidad, es la de recompensar a los municipios que han desarrollado una labor continuada, llevada a cabo en un período de tiempo no inferior a cinco años, en el campo de la accesibilidad universal de las personas con discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Así, se premia a los Ayuntamientos de España en tres categorías: de hasta 10.000 habitantes; de entre 10.001 a 100.000 habitantes; y de 100.001 habitantes en adelante. Y a los Ayuntamiento Latinoamericanos en las categorías de hasta 100.000 habitantes y de 100.001 habitantes en adelante.
La deliberación tenía lugar en la sede del Real Patronato Sobre Discapacidad, en Madrid, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya presidencia de honor desempeña Su Majestad la Reina Doña Sofía; y a ella asistieron como miembros del jurado, además de Mariscal, el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Celada; el director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE, Jesús Hernández; el reponsable de la Junta de Gobierno y Tesorero del Conseo General del Trabajo Social, Manuel Gutiérrez; el presidente de la “Ciudad Accesible”, Antonio Tejada; el asesor del la Fundación ACS, Francisco Menor; y la jefa adjunta del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, Araceli Sánchez.
Entre los fines del Real Patronato Sobre Discapacidad, se encuentran los de promover la prevención de deficiencias, la rehabilitación y la inserción social de las personas con discapacidad; facilitar, en esos ámbitos, el intercambio y la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, así como entre éstas y el sector privado, tanto en el plano nacional como en el internacional; prestar apoyos a organismos, entidades, especialistas y promotores en materia de estudios, investigación y desarrollo, información, documentación y formación; y emitir dictámenes técnicos y recomendaciones sobre materias relacionadas con la discapacidad.