El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca va a proponer al pleno del próximo lunes 23 de julio la creación de una comisión que estudie la viabilidad de que sea la empresa pública Servicio de Infraestructuras Municipales (SIMc) quien gestione el ciclo integral de agua, entendido como abastecimiento, alcantarillado y depuración, a partir del año 2013. Así lo ha adelantado el concejal de Economía y Hacienda, Enrique Hernández.
Hernández ha explicado que la propuesta consistirá en la creación de una comisión de estudio, compuesta por representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Cuenca, que elabore un estudio sobre la viabilidad de este proyecto. Estudio que posteriormente se someterá a información pública.
El concejal de Economía y Hacienda ha recordado que, el pasado mes de noviembre, el Equipo de Gobierno ya manifestó su intención de gestionar el agua a través de una empresa pública cien por cien municipal. Sin embargo, ha defendido que, con el planteamiento actual, “se evita crear una nueva estructura empresarial con el consiguiente ahorro de tiempo y de dinero”.
Para Hernández, este cambio en la gestión permitirá el Ayuntamiento tener acceso a financiación extraordinaria en un momento en que “la deuda con los bancos los come”. La fórmula serie que la empresa pública abonaría al Ayuntamiento un canon por adelantado que Hernández no se ha querido aventurar la fijar ya que “la situación financiera de nuestro país es la que es”. Asimismo, permitirá al Consistorio poder mejorar el servicio y afrontar inversiones muy necesarias.
Hernández ha defendido la viabilidad del proyecto pues “SIMc es hoy, tras haber pagado la deuda a sus proveedores y haber reducido muchos de sus gastos, una empresa más solvente y además en sus estatutos se recoge la posibilidad de que la sociedad preste el servicio integral del agua”.
Ha reconocido que en el último año se han barajado varios destinos para SIM pero ha explicado que “en el último año también han cambio muchas cosas”.
En cualquier caso, el concejal ha asegurado que la gestión del servicios a través de una empresa pública “no supondrá encarecimiento alguno para el ciudadano”, más allá del incremento del 14% al que obliga el Plan de Ajuste.