El concejal de Urbanismo, Infraestructura y Obras, Darío Dolz, ha informado hoy que el Ayuntamiento de Cuenca y el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Cuenca llevan dos meses trabajando para poner en marcha la Ordenanza de Inspección Técnica de Vehículos (ITE), que fue aprobado a finales del año 2010 pero que hasta la fecha no ha empezado a aplicarse.
Esta Ordenanza obliga a los edificios de más de cincuenta años de antigüedad a pasar una inspección similar a la ITV de los vehículos para detectar posibles deficientes y prevenir los problemas derivados del deterioro de los inmuebles para garantizar la seguridad de los propios vecinos y de los usuarios de la vía pública. La inspección, con un coste de entre 450 y 700 euros para una comunidad de ocho vecinos, correría a cuenta de los propietarios.
Dolz ha informado además de que los testigos que se han instalado en el número 21 de la calle República Argentina no se han movido, según han podido comprobar los técnicos municipales y los bomberos. Estos controles se prolongarán durante toda la semana y después el Ayuntamiento considerará finalizada su actuación en este inmueble.
El edil socialista ha recordado que el edificio en cuestión “no es de titularidad municipal sino que es propiedad privada” y ha señalado que “una vez pasada la situación de emergencia, en la que el Ayuntamiento ha actuado para garantizar la seguridad de los vecinos y ofrecerles ayuda, deben ser las compañías aseguradoras las que se encarguen de llevar a cabo las pesquisas oportunas y plantear soluciones”.
En cualquier caso, ha asegurado que el Ayuntamiento “seguirá cumpliendo con lo que es su competencia”, como las comprobaciones que se están haciendo durante el día de hoy en la red de saneamiento.
Respecto a las obras del aparcamiento de Astrana Marín, ha afirmado que “el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección de la obra un informe detallado con todas las actuaciones llevadas a cabo” pero ha declarado que “en principio nada indica que haya relación porque, entre otras cosas, hay pruebas de que el edificio ya presentaba grietas y problemas estructurales en el año 2010, antes de que comenzarán las obras”. No obstante, ha insistido en que “deben ser las aseguradoras las que tomen las riendas de este asunto y sigan con las pesquisas”.
Por cierto que Dolz también ha lamentado las palabras de algunas vecinos que cuestionaban la atención prestada por el Ayuntamiento porque “desde el primer minuto estuvimos con los afectados, tratando de ayudarles y ofreciéndoles soluciones a su problema”.