La actualización catastral permitirá estabilizar en el tiempo las continuas y generalizadas subidas que se vienen produciendo en la cuota del IBI de los últimos años.
Para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir, el Equipo de Gobierno actual ha realizado un ejercicio de responsabilidad y de justicia tributaria.
Con tal motivo, a través de un acuerdo con la Dirección General del Catastro solicitó que se realizara una actualización de valores catastrales para que estas subidas continuas año a año no se sigan produciendo.
Una medida que es necesaria, de carácter técnico, y viene a poner orden a la que existía hasta ahora, con más de 20 años de antigüedad y, por lo tanto, con valores desfasados y un Plan General de Ordenación Urbana que ha sufrido 48 modificaciones.
No obstante, el Equipo de Gobierno insta a los ciudadanos a que hagan las alegaciones o reclamaciones que consideren oportunas ante la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, si entienden que la valoración de sus inmuebles es errónea, ya que éste órgano es el único responsable de la actualización de valores catastrales.
Cabe señalar que el Ayuntamiento no ha podido bajar el tipo impositivo del IBI para 2017, único aspecto que es competencia suya, porque ni la legalidad ni el Plan de Ajuste al que está sometido se lo permite. Así, la previsión para 2017 es que la institución local recaude 800.000 euros menos debido a una bajada de la valoración catastral de algunos inmuebles que se va a hacer efectiva desde el próximo año y a que en los inmuebles en los que el valor catastral ha subido, éste incremento será asumido por el contribuyente de forma distribuida en los próximos diez años.
Sin embargo, el Equipo de Gobierno se compromete a bajar el tipo impositivo en cuanto la normativa y el Plan de Ajuste lo permita, donde reitera que es el único aspecto en el que es competente. No así como hizo el Equipo de Gobierno socialista que en el año 2012 lo subió un 42% y que, junto a las actualizaciones de oficio del Ministerio de Hacienda, ha supuesto un incremento de más de un 60% en el recibo del IBI en los últimos 5 años.
Además, este procedimiento evitará que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas actualice de oficio los valores catastrales de la capital y los suba cada año de forma generalizada y con pago inmediato, como ha venido sucediendo en los últimos años tras haberlo solicitado el Equipo de Gobierno socialista en 2013. Un hecho que le va a seguir sucediendo a más de 100 municipios de la provincia de Cuenca y a más de 2.400 a nivel nacional, que no han solicitado la actualización de valores.
EJEMPLO REAL
Trasladado a una vivienda situada en la Avenida San Julián (Barrio Fuente del Oro) esta actualización de valores catastrales supone que se evitará que vuelva a repetirse la subida de un 66% del IBI que ha sufrido en los últimos 5 años, desde 2012.
Y es que si en 2011 el valor catastral de la citada vivienda era de 36.606 euros, con un tipo impositivo 0,48%, y una cuota a pagar de 175,71 euros; en 2016 éste pasa a ser de 48.723 euros, con un tipo impositivo del 0,62 % y una cuota del IBI de 302,09 euros.
Eso sucede porque en 2012 el Equipo de Gobierno socialista acordó subir el tipo impositivo al 0,68%, lo que significó una subida del 42% e hizo que la cuota ascendiera a 249,66 euros. Posteriormente, desde 2013 se produjo una subida de otro 24%, que sumada a la anterior supone ese incremento total de un 66% en cinco años.
En 2017 el valor catastral de la vivienda será de 58.327 euros y una cuota a pagar de 308,4 euros. Lo que supone un incremento del 1,9%. Cifra bastante alejada de la brutal subida que ha venido soportando los cinco años anteriores.
Esta vivienda ha sufrido un incremento del valor catastral del 17%, que va a asumir el contribuyente de forma prorrateada en los próximos diez años. Hecho que de no haberse realizado la actualización de valores a instancias del Ayuntamiento, se hubiera visto obligada a tener que asumir la actualización de coeficientes que hubiera impuesto el Ministerio de Hacienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y su pago inmediato.
Por todo ello, el Equipo de Gobierno entiende que se trata de una medida que favorece los intereses de los conquenses, que durante al menos los próximos 5 años no tendrán que afrontar nueva revisión de valores catastrales.